Manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

3/12/2018

MANIFIESTO
Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad o personas con diversidad funcional, tal y como recoge el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, son aquellas con deficiencias previsiblemente permanentes y que al interaccionar con cualquier tipo de barreras limitan o impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

La discapacidad surge de confrontar lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y el entorno que nos facilite el hacerlo. Es el entorno el que determina la discapacidad. La deficiencia física, sensorial, cognitiva, orgánica o mental implica dificultades objetivas para realizar determinas tareas, pero es el entorno, la falta de equidad y el incumplimiento de la ley lo que dificulta, excluye, discrimina y discapacita.

Tal y como contempla el Real Decreto Legislativo, en 2017 tendría que haber terminado el proceso iniciado con el milenio de adaptación y accesibilidad universal de ámbitos, entornos, productos, procesos y servicios de todo tipo. Sin embargo, para desesperación del colectivo de personas con discapacidad las administraciones en un ejercicio de dejación de sus funciones y de manera sistemática, han incumplido sus obligaciones de ser garantes de nuestros derechos y vigilantes de su cumplimiento.

En la actualidad las personas con discapacidad nos encontramos en una situación de indefensión. Disfrutamos de un marco legal que protege todos nuestros derechos, pero el grado de cumplimiento es mínimo por parte de las distintas administraciones que no han implementado lo contemplado en leyes de carácter general en legislación técnica aplicable, creado los procedimientos de inspección de su cumplimiento, ni los procedimientos sancionadores que incluyan las sanciones por discriminación que contempla actualmente la ley.

Actualmente, la accesibilidad en aquellos ámbitos y entornos de titularidad particular pero de concurrencia pública depende, en su mayor parte, de la voluntad ciudadana del cumplimiento de la ley, porque es de sobra conocido que las distintas administraciones, de oficio, no vigilan, y que solo a partir de denuncias, y no siempre, se inician los procedimientos sancionadores.

Y mientras esperamos observamos, entre otras cosas, que:

Más del 70% de las viviendas en régimen de comunidad de vecinos son inaccesibles.

Personas mayores y personas con discapacidad, en un número que no se ha determinado, viven prisioneras en sus casas.

La movilidad urbana, con el uso del transporte público y el derecho a la intermodalidad no está garantizada. Sin cadena de movilidad asegurada, transporte público accesible física, sensorial y cognitivamente, con continuidad en el servicio es imposible una vida en inclusión, ya que ir al trabajo, al centro de estudio, a centros de ocio y cultura, se convierte en imposible. Frecuentemente la discapacidad conlleva movilidad reducida y si no se garantiza que puedes llegar y a tiempo, a las personas con discapacidad se nos hace difícil ser sujetos activos en la sociedad.

El acceso a locales de concurrencia pública. La Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible realizó un estudio de 1500 locales en 2017, presentando 950 denuncias al Ayuntamiento de Málaga por incumplimiento de normativa. Todavía estamos esperando respuesta. En todo caso un 60% de locales son inaccesibles. Esta situación se agrava en el resto de la provincia, ya que la oferta disminuye junto al tamaño de la población. Y la accesibilidad cognitiva ni se plantea.

Aceras con ocupación excesiva de espacio público por mesas y mobiliario de hostelería. Mobiliario urbano no accesible, aceras con suelo irregular que obstaculiza el tránsito a personas mayores y PMR, pendientes laterales pronunciadas, rebajes en los pasos de peatones mal ejecutadas. No se respetan la necesaria creación de itinerarios alternativos accesible en las innumerables obras que se realizan en las calles.

Personas sordas se enfrentan diariamente a la falta de intérpretes en los ámbitos académicos, en centros de Salud, Urgencias y Hospitales, así como en sus relaciones y trámites con las administraciones públicas. Condenadas a la incomunicación.

La tasa de paro en nuestro colectivo (2016) es del 28,6% 9,1 puntos más que el resto de la población. La falta de oferta de formación profesional y específica para el colectivo de personas con discapacidad cognitiva incide en esta situación. El cumplimiento de reserva de plazas y de clausulas sociales ayudaría a paliar este déficit.

La enseñanza no es inclusiva. Los alumnos con necesidades educativas especiales no deben ser incorporados por criterios de edad exclusivamente a los distintos niveles educativos, deben ser considerada la idoneidad evolutiva. La evaluaciones de estos alumnos deben ser prácticas, útiles y funcionales. Faltan profesores de Pedagogía terapéutica, monitores y asistentes para alumnado con grandes de necesidades de apoyo físico (tetraplejias con o sin lenguaje oral). El profesorado no recibe la adecuada formación.

La atención temprana debe prolongarse más allá de los seis años. Debe incluirse en la cartera común del Sistema Nacional de Salud para que en toda España se sigan criterios parecidos en su abordaje.

La sanidad no es accesible. Además de los problemas generales que sufrimos como pacientes, las consultas no son accesibles, no disponen de camillas exploratorias adecuadas. Las pruebas diagnosticas no disponen de equipos adecuados compatibles con personas de movilidad reducida y de ancianos. Los hospitales no disponen de suficientes habitaciones accesibles.

Se ha acabado el tiempo de sensibilizar, de solicitar, de pedir.

Ha llegado el tiempo de EXIGIR:

Exigir de nuestras administraciones que cumplan y hagan cumplir lo establecido en defensa de nuestros derechos.

Exigir de nuestros representantes sociales que abandonen su zona de confortabilidad en el trato con los representantes de las distintas administraciones y además de colaborar en el trabajo legislativo desciendan a la exigencia de su desarrollo y cumplimiento.

Exigir a la sociedad que deje de aceptar como asumible que vecinos, amigos y familiares sean sistemáticamente discriminados por ser personas con discapacidad. La sociedad no puede admitir como normal las dificultades que sufrimos diariamente el colectivo de personas con discapacidad, que como ellos, solo buscamos ser sujetos activos, dueños de nuestro destino y con derecho a la felicidad que todos buscamos.

Málaga, Diciembre de 2018

Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible