El Senado acuerda por unanimidad instar al Gobierno a elaborar un registro de personas con postpolio

Hemiciclo del Senado (Foto. ConSalud)

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha acordado por unanimidad instar al Gobierno a promover la identificación y registro de personas con síndrome post-polio, para concretar el número de pacientes y sus necesidades.

Esta es una de las peticiones incluidas en una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha contado con una enmienda transaccional, y en la que, además, se pide elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, una guía de actuación ante el síndrome post-polio, que recoja las recomendaciones del Informe de Situación sobre el Síndrome Post-Polio de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, actualizado en el año 2019.

"La polio ha desaparecido de España, el último caso es de 1988 y es territorio libre de polio, pero los afectados siguen estando entre nosotros y sus efectos y secuelas forman parte del presente", ha recordado la senadora socialista, María del Mar Arnáiz, para lamentar que la vacunación masiva de la polio provocara el "olvido" de las personas que sobrevivieron a la enfermedad.

 Este síndrome avanza progresivamente y de manera continuada con signos y síntomas nuevos

Y es que, en la mayor parte de la población afectada, este síndrome avanza progresivamente y de manera continuada con signos y síntomas nuevos, intercalando, en ocasiones, períodos de estabilidad clínica. Además, según ha explicado la senadora, el diagnóstico de esta enfermedad es "bastante complejo", dada la heterogeneidad de síntomas, dificultándose el diagnóstico, también debido al bajo conocimiento de la enfermedad por parte tanto de los pacientes afectados, como de los profesionales sanitarios.

Por todo ello, la Cámara Alta ha acordado también solicitar mejorar y armonizar la información, sensibilización y difusión del conocimiento sobre la enfermedad entre el personal sanitario de Atención Primaria y Especializada sobre las pautas de detección, diagnóstico diferencial y tratamiento del síndrome post-polio y de los efectos tardíos asociados a la polio.

En este sentido, el senador del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Román Jasanada, ha asegurado que han votado a favor de la iniciativa porque es una petición de las asociaciones de pacientes, demuestra que "algo se ha hecho mal" a lo largo de la historia y obliga a hacer "algo más" y a ejecutar las medidas que se han aprobado.

Artículo de Europa Press: El PP en el Ayuntamiento insta a Junta a la reapertura del restaurante de La Cónsula

(...) La edil de Accesibilidad, Francisca Bazalo, ha explicado una moción de apoyo a las personas que fueron afectadas por la poliomielitis y que hoy están padeciendo los efectos tardíos de esta enfermedad, cuyo Día se conmemora el próximo 24 de octubre.

Bazalo, que ha explicado que en Málaga hay 2.036 personas afectadas, de las que, 1.077 residen en el municipio, ha señalado que en la moción, entre otros puntos, se pide instar a la Junta a poner en marcha un protocolo de atención integral para las personas afectadas por los efectos tardíos de la poliomielitis, entre ellos el Síndrome Post-Polio, así como a reforzar la formación e información de los profesionales sanitarios andaluces para ofrecer con carácter general una atención especializada y adecuada a las necesidades de estos pacientes.

Además, instan a Salud a reforzar el circuito específico para la atención del paciente que existe en el Hospital Regional y hacerlo extensivo al resto de centros y de atención primaria y piden a la Junta y el Gobierno que se considere el Síndrome Post-Polio como patología dolorosa, invalidante e incapacitante, incluyéndose en el sistema de valoración de la discapacidad.

Leer más, en Europa Press: http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-pp-ayuntamiento-insta-junta-reapertura-restaurante-consula-20160927145411.html

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El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga llevará al pleno de mañana jueves una moción solicitando a la Corporación que inste al Gobierno central a no implantar el copago para el transporte sanitario no urgente, teniendo en cuenta "el grave impacto" que supondrá para "la ciudadanía más desfavorecida". En este sentido, demandará que se mantenga el carácter público de la sanidad, "tal y como se desprende de la Constitución española y de la Ley General de Sanidad".

Así lo expresó ayer la portavoz municipal socialista, María Gámez, quien consideró que esta medida es "un nuevo atentado contra el Sistema Público de Salud y el Estado Social de Derecho" y es que, como defendió, "la salud es un derecho establecido en nuestra Constitución y los poderes públicos están obligados a garantizarla en condiciones de igualdad para todos".

En este punto, la concejala del PSOE advirtió de que este planteamiento afectará a "enfermos crónicos que precisen tratamientos como diálisis o quimioterapia, absolutamente necesarios para su salud, pero también a todo aquel que necesite atención puntual no urgente".

Gámez incidió en que, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, se verán especialmente afectadas las zonas rurales, "cada vez más envejecidas y cuyos habitantes, por algún motivo, tienen más problemas para desplazarse".

También señaló que "las personas más vulnerables, jubilados, dependientes y especialmente los que ya viven lejos de los centros sanitarios, verán cómo sus gastos en esta materia suben considerablemente; en suma, se producirá un aumento de la desigualdad en el acceso a la salud".

"Con medidas como ésta, además, puede aumentar el incumplimiento terapéutico y el riesgo de problemas para la salud de la ciudadanía, como el empeoramiento de las enfermedades crónicas", lamentó la portavoz municipal socialista.

A su juicio, "ya es hora de dejar de confundir a la gente, ya que se promulga que la salud es una gracia que el gobernante de turno tiene a bien otorgar más o menos dosificada, con la falacia de que ha habido quien ha abusado de las prestaciones".

"Si cada vez que algunos abusan acabamos con el sistema, no tendríamos ni bancos ni administraciones ni fundaciones ni partidos, etcétera", declaró y añadió que "lo que hay que hacer es controlar y penalizar a los abusadores, no a quienes cumplen las normas".